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El Gobierno rebaja a 1.800 millones la recaudación de los nuevos impuestos por la compra de acciones y a las grandes empresas digitales

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GOBIERNO CONSJEO MINISTROS DE PEDRO SANCHEZ Y PABLO IGLESIAS 2020 FEBRERO


El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', cuyos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Ejecutivo esperaba recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras). Ahora calcula que se quedará en unos 1.800 millones.


La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que los nuevos impuestos buscan un sistema fiscal más justo y tienen en cuenta las nuevas realidades económicas, ya que hasta ahora el sistema fiscal estaba anclado en el siglo pasado, en el mundo analógico. Dice que ya lo están haciendo otros países. En cuanto a la tasa Tobin es un impuesto indirecto, que afecta a los bancos, "que durante la crisis recibieron una importante inyección económica y ahora es de justicia social que contribuya de forma más enérgica a los servicios públicos". La tasa de servicios digitales grava "cuando existe una contribución esencial de los usuarios en la creación de valor" a las grandes empresas digitales.


El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', grava a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. 


El Gobierno espera recaudar con este tributo 970 millones de euros, cuya liquidación será trimestral. El Gobierno defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio. Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros. Además, las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán también fuera del impuesto. 


El impuesto que aprobará el Gobierno es similar al que aprobó Francia el año pasado y cuya entrada en vigor ha paralizado tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que había anunciado la imposición de aranceles a productos franceses por considerar que este impuesto digital penalizaba principalmente a los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Amazon, Google o Facebook. De momento, el país galo aplaza el impuesto hasta que se pacte uno a nivel internacional en la órbita de la OCDE y la Administración Trump también paraliza los aranceles contra productos franceses. También lo hace España, se pagará en diciembre. Lo que está por ver es cómo se tomará Estados Unidos este nuevo impuesto en España y si aplicará nuevos aranceles a los productos españoles, como ya hiciera en el caso francés.



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